Los resultados del plebiscito de refrendación ciudadana de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP tienen varias caras. Primero, el nivel de abstención (más de 63%) demuestra que, lamentablemente, muchos colombianos son absolutamente indiferentes a uno de los principales problemas del país y, por extensión, un desencantamiento con la política y la democracia. Segundo, el país político-electoral, el que votó, está profundamente dividido. Tercero, ganó el NO, ganó la oposición a los Acuerdos, con una ligera ventaja de 60mil votos (50,21% del total de votos). Cuarto, el Gobierno Nacional y la coalición que lo acompaña en este proceso de paz, enfrentan una profunda crisis política, una crisis de gobernabilidad: tendrán que contar con la aprobación de la oposición en cualquier decisión sobre la paz. Otros resultados son menos claros: ¿qué significa ese NO a los Acuerdos? Esto se evidencia en la falta de propuestas concretas de la coalición política que asumió la representación de esa votación mayoritaria. Aunque el senador Álvaro Uribe fue una de las caras más visibles de esta oposición, no todos los opositores se sienten representados por él.

El efecto inmediato de las elecciones ha sido dejar en claro que nadie tenía un “plan B”: ni los opositores al Acuerdo, ni el Gobierno, ni las FARC-EP. Esto explica el limbo jurídico y político en el que está el país desde el domingo. Pero, ¿qué es lo que se puede hacer para lograr un “Acuerdo de Paz 2.0”?, ¿cuáles son las alternativas posibles para salir de esta crisis política? La primera opción que aparece en la nueva “mesa de tres patas” (Gobierno-FARC-EP-Oposición) es la renegociación del actual Acuerdo. Este fue uno de los elementos centrales de la campaña por el NO. La segunda opción es tramitar las reformas en el parlamento sin que se renegocie el Acuerdo. Y la tercera opción que ha estado dando vueltas estos días es abrir paso un proceso constituyente. Nos concentraremos en la primera de estas.

La renegociación de los Acuerdos es quizás la opción más lógica; aunque, cabe aclarar que la política no necesariamente es una actividad que se caracterice por ser lógica y racional. Gobierno y guerrilla podrían volver a la mesa junto a la oposición para evaluar las diferencias y construir un nuevo Acuerdo 2.0. Esto supone que todas las partes están dispuestas a negociar; y “negociar” necesariamente implica ganar unas cosas y perder otras. Además, supone que las FARC-EP son un actor propio, y que estarán de acuerdo con la renegociación. Este posible escenario de nueva negociación puede verse complejizado por el hecho que se avecinan las elecciones presidenciales y parlamentarias (en menos de año y medio, en marzo de 2018). Así las cosas, cada una de las partes, sobre todo los partidos de la coalición de gobierno y la oposición, pensarán permanentemente en las consecuencias electorales de cualquier decisión que tomen en medio del proceso de negociación. Los políticos siempre quieren ganar las elecciones. Por eso cualquier posicionamiento en una nueva negociación estará, de alguna manera, influenciado por su valor para ganar o perder votos en las presidenciales. Ya han salido algunos partidarios de Uribe a decir que ahora lo más importante es “pensar en el 2018”.

Más allá de las dificultades que impone el escenario electoral venidero, lo importante es tratar de hacer sentido sobre ¿cuáles son los puntos específicos que la oposición pide renegociar?, ¿cuáles son las propuestas específicas? (por supuesto que esta pregunta supone que la oposición no rechaza todo el Acuerdo). Una forma de aproximarse a esto es retomar algunos elementos de la campaña del NO. Digo “algunos” para enfatizar en aquellos argumentos relacionados con el Acuerdo, y no tener que debatir cosas como “el castrochavismo” o “la ideología de género” sobre las cuales nadie tiene certeza de lo que significan, más allá de ser instrumentos comunicativos que resultaron efectivos para infundir temor. Tampoco tiene sentido considerar la afirmación de que no se puede negociar porque en Colombia no ha habido conflicto armado.

Entre los elementos específicos, la oposición sostenía: no se acepta la participación en política de la guerrilla, y en particular de los líderes que son responsables de crímenes graves; es necesario que la guerrilla pague cárcel, no se aceptan penas sustitutivas; no se aceptan reformas tributarias que aumenten los impuestos para pagar el posconflicto, y que las FARC-EP financien el posconflicto con su dinero; no se acepta que los delitos por narcotráfico sean considerados conexos a los delitos políticos; no se acepta que la Jurisdicción Especial de Paz (JEP, esquema de justicia transicional) tenga potestad para investigar no solo a guerrilleros sino también a miembros de la fuerza pública y a civiles involucrados en crímenes en el marco del conflicto. Efectivamente, en los cuatro días que llevamos pos-plebisctito, estas son las mismas cosas que se han oído por parte de los voceros de la oposición, el problema es que no han pasado a propuestas concretas sino que se han quedado en los mismos eslóganes de campaña.

Uno de los temas relativamente factibles sería renegociar penas que incluyan algún período de prisión para los guerrilleros. El tema de la reforma tributaria que el gobierno propone fácilmente se puede solventar porque ésa reforma es más un requisito que el país está cumpliendo en su camino de ingresar a la OCDE; mientras que el compromiso de ayudar a financiar el posconflicto por parte de las FARC-EP ya estaba incluido en los acuerdos (lo que nadie sabe es cuánta plata tienen). Eso es “lo fácil”. Lo difícil tiene que ver con la participación política de la insurgencia una vez desmovilizada, tema que está ligado a la consideración del narcotráfico como delito conexo porque esto es condición para la amnistía. La participación política de los desmovilizados, y particularmente de los líderes de las FARC-EP, es uno de los mayores objetivos de esta organización dentro del proceso de paz; negar la posibilidad de hacer política a los líderes desmovilizados es cerrar la puerta que abrió el camino a la negociación de un acuerdo de paz. Por las consideraciones establecidas en el derecho internacional para juzgar la responsabilidad de organizaciones con mando jerárquico que han cometido crímenes sistemáticamente, si no se establece el narcotráfico como delito conexo a la rebelión (a delitos políticos), entonces no es posible pensar en un proceso de amnistía que permita la participación política de los desmovilizados.

Pero tampoco se trata de “total impunidad” como ha dicho la oposición, y esto nos lleva al tema de la JEP. Este es el tema realmente difícil; porque está directamente relacionado con los sujetos más importantes del proceso de paz: las víctimas. La JEP es un esquema de justicia transicional, elogiado por todas las instituciones internacionales que protegen derechos humanos, y por aquellas especializadas en conflictos armados. La JEP establece que además de juzgar a los guerrilleros desmovilizados, tendrá competencia para juzgar a miembros de la fuerza pública y a civiles que han estado involucrados en crímenes en el marco del conflicto armado. Este alcance es quizás la mayor garantía que los colombianos tenemos de conocer la verdad, toda la verdad, sobre el conflicto. Así visto, no es factible señalar que el actual Acuerdo de Paz garantiza la impunidad. Por el contrario, la JEP es un compromiso con la verdad y la justicia, con las víctimas de todas las partes. La JEP se encargará de juzgar crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del conflicto, e impondrá penas que pueden incluir la cárcel si los juzgados no cuentan toda la verdad.

El senador Uribe ha sido claro en señalar que la JEP es el punto del acuerdo que menos lo convence. Ha rechazado que, en su forma de verlo, se equipare a los militares con los guerrilleros, y que se presuman conductas de mala fe por parte de civiles o empresarios que se vieron involucrados en hechos del conflicto armado. En contra de ello, ha propuesto, antes y después del plebiscito, que la JEP se aplique solo a los guerrilleros desmovilizados; que se tramite una ley de inmunidad especial para los miembros de la fuerza pública que se vieron involucrados en crímenes del conflicto armado; y que definitivamente se excluya a los civiles de su jurisdicción.

En la propuesta del senador Uribe está contenido uno de los elementos grandes de división de la sociedad colombiana frente al proceso de paz. El problema es que esta propuesta supone que los únicos responsables de los hechos criminales en el marco del conflicto armado son las guerrillas, y que cualquier “error” cometido por la fuerza pública en su combate a la insurgencia debe ser ponderado a la luz de su responsabilidad de salvaguardar el orden. Esto sería relativamente sencillo si los crímenes que se imputan a la fuerza pública fueran aislados, menores y no-sistemáticos. Pero en Colombia, en el marco del conflicto armado, a la fuerza pública se la acusa de haber promovido sistemáticamente la creación de grupos de civiles armados anti-guerrilla, posteriormente conocidos como grupos de autodefensas o paramilitares; así como de haber brindado soporte militar, estratégico y de inteligencia a estos grupos para atentar contra la vida de políticos, activistas de derechos humanos, y civiles en general; se le acusa de asesinar civiles sistemáticamente para hacerlos pasar como bajas de la guerrilla en combate (ejecuciones extrajudiciales), en lo que se conoce de manera lamentable con el eufemismo de “falsos positivos”. Además, existen también diversas investigaciones sobre civiles y empresarios de las regiones más azotadas por el conflicto armado de los que se presume han apoyado social o financieramente a los grupos paramilitares; por ejemplo, la multinacional bananera Chiquita Brands fue condenada por un juez de Estados Unidos por financiar grupos paramilitares, y reconoció que realizó más de cien pagos a esa organización criminal entre 1997 y 2004 por cerca de dos millones de dólares.

Por supuesto que se debe presumir la inocencia de cualquier sujeto acusado de crímenes en medio del conflicto (de los guerrilleros, de los militares y de los civiles), y esto está contemplado en la JEP, es un principio general del derecho penal que no se puede pasar por alto. Pero, garantizar la presunción de inocencia no es equivalente a decir que no se debe/puede investigar a ciertos actores. Por el contrario, evitar las investigaciones a lo único que conlleva es a evitar que se conozca la verdad, y toda la verdad, sobre un conflicto armado en el que la degradación de la guerra ha llegado a niveles extraordinarios, escalofriantes. Evitar las investigaciones y establecer fueros es, en sentido estricto, promover la impunidad.

Por tanto, los puntos verdaderamente críticos a los que algunos sectores se han opuesto a los Acuerdos de Paz no se ven como fáciles de resolución en un escenario de renegociación. Dicho de otra forma, los puntos de partida de la oposición no son en ninguna medida exigibles a las FARC-EP pensando que ellos van a aceptar sin ningún reparo. Se necesita grandeza política para poder renegociar; se necesita claridad sobre la necesidad de ceder para ganar en la mesa de negociación. Sin embargo, si lo que los líderes de la oposición a los acuerdos se proponen es negar cualquier opción de renegociación, la estrategia es clara. La estrategia más ganadora para dejar la paz en cuidados intensivos, como en muchas otras cuestiones políticas, es decir “yo si quiero la paz, pero una paz mejor…”, y poner el listón, la vara, en un lugar tan alto al que nadie puede aspirar. Este es el camino más eficaz para acabar con esta oportunidad de paz. Este es el camino más eficaz para empezar a hacer la campaña presidencial del 2018.

Otra cosa que no se debe olvidar es que la Paz no es un asunto solo del gobierno y las élites políticas. En medio de una campaña de oposición que incluyó la tergiversación de los Acuerdos (como ha reconocido el presidente de la campaña del NO), que terminó con una victoria cerrada del NO, y que en los primeros días después de las elecciones no ha visto que los políticos de oposición presenten sus propuestas de renegociación de manera específica y realista, de manera responsable como líderes de un sector de la sociedad, la sociedad civil en general ha empezado a mostrar su protagonismo, incluyendo a partidarios y opositores, y las calles y la movilización social empiezan a contar como un elemento esencial para reconstruir la paz en Colombia, para exigir a la clase política el derecho a vivir en un país en paz.

Edgar Alberto Zamora Aviles

Colombiano, estudiante de Doctorado en Políticas Públicas (FLACSO-Ecuador).