Escrito por Rafael Domínguez Martín

Intervención en el Curso de Verano de la Universidad de Cantabria
“De lo local a lo global: construyendo ciudadanía desde el ámbito municipal” Santander, 4 de julio de 2012

Empezaré señalando dos ideas muy sencillas: la primera es que, como dice el proverbio chino, para tener una visión hay que empezar a llamar a las cosas por su nombre; y la segunda es que, si queremos tomarnos en serio la educación para el desarrollo y su función de construir ciudadanía, hay que contar con la función insustituible de la Universidad en la producción del nuevo conocimiento, en las metodologías de innovación educativa para transmitirlo y en la formación de futuros ciudadanos responsables.

Y esto hay que hacerlo bajo la consideración de que la Universidad no es un actor entre otros, como parece sugerir, a manera de concesión, el documento Líneas estratégicas e intervenciones priorizadas en Educación para el Desarrollo aprobado por la AECID en octubre de 2011, sino dejando claro que la Universidad tiene un papel insustituible y fundamental en la construcción de la ciudadanía global tanto en la educación formal (aquella que concluye con titulaciones reconocidas y otorgadas según las leyes educativas) como en la no formal (toda actividad pedagógica sistemática organizada fuera del sistema formal, sin que ello suponga un menor nivel de rigor, planificación y adaptación metodológica que la educación formal).

Ello viene a cuento de los problemas de eficacia que lastran la cooperación al desarrollo como política pública en general y de la educación para el desarrollo como instrumento de dicha política en particular. Problemas que tienen que ver con las tres conocidas íes que Duflo y Banerjee identifican como responsables de los males de la cooperación y que son la ideología, la ignorancia y la inercia.

La pregunta es qué educación y para qué desarrollo se ha desplegado desde que la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo (LCID) de 1998 facilitó que el instrumento de la educación para el desarrollo quedara prácticamente en manos de las ONG, con el argumento –construido ex post por éstas y canonizado en la Estrategia de Educación para el Desarrollo (2007) de la AECID– de su fundamental contribución para mantener un apoyo elevado de la opinión pública a las políticas de cooperación del Estado, las Autonomías y los Ayuntamientos.

La Estrategia depositó en la educación para el desarrollo unas expectativas totalmente desmesuradas sobre su capacidad de transformación social y lo hizo en una dirección cargada de ideología (antiglobalización, anti-empresa y anti-crecimiento), opuesta al consenso de la plural literatura especializada sobre el desarrollo, y no congruente además con otras estrategias aprobadas por la propia Agencia, como la de Crecimiento Económico y Promoción del Tejido Empresarial. La Estrategia, que dejó a la Universidad en un papel de mera comparsa en esta materia, se basó además en un diagnóstico parcial e incorrecto de la dinámica de la economía mundial que no tuvo en cuenta los profundos cambios que se estaban produciendo en el contexto económico internacional. Estos cambios demuestran tres cosas que negaba de facto la Estrategia en sus componentes de ignorancia e inercia: que el desarrollo, con muy distintos estilos de política económica, es posible en el contexto de la globalización; que en ese contexto, las desigualdades internacionales, aunque siguen siendo elevadas, han disminuido en la última década; y que también se ha producido una reducción de la pobreza gracias al crecimiento económico impulsado por la globalización, los dos bestias negras más o menos explícitas de la Estrategia.

Y en esto vino la crisis económica internacional, que puso a prueba el argumento de que gracias a la educación para el desarrollo protagonizada por las ONG se podía mantener el elevado apoyo a las políticas públicas de cooperación (y a las partidas presupuestarias para llevarlas a cabo). Los recortes del último año del gobierno de PSOE y el hachazo del gobierno del PP han demostrado que el argumento era falaz: no ha habido ninguna movilización social significativa para defender la cooperación en España frente a los recortes estatales, autonómicos y municipales. Y quizá merezca la pena reflexionar sobre los factores que explican lo que nos diferencia de otros países, también afectados por una crisis muy profunda y donde sin embargo los presupuestos de cooperación se han mantenido en medio de severos ajustes, como es el caso del Reino Unido. Ahí, la educación para el desarrollo parte de un sistema académico potente, donde los estudios del desarrollo son un área de conocimiento reconocida dentro del ámbito universitario que es el que genera el efecto cascada de formación de profesionales y formadores que permiten que las políticas de cooperación internacional para el desarrollo formen parte de las cosas que el sector público se toma en serio y haya una ciudadanía verdaderamente comprometida con los objetivos de dicha política.

En definitiva, si queremos tener claridad de concepto y visión y tomarnos en serio la educación para el desarrollo en la formación de unos ciudadanos comprometidos con las políticas públicas de cooperación internacional para el desarrollo (que apoyen prioridades presupuestarias derivadas del pago de sus impuestos y que apoyen con sus donaciones o su trabajo voluntario a las ONG), el mensaje a enviar a los ayuntamientos es que deberían acudir a la Universidad. No sólo para que esta les ayude a evaluar proyectos de cooperación presentados a convocatorias de subvenciones públicas, sino también para solicitar la asistencia técnica respecto al diseño e implementación de las actividades de educación para el desarrollo que quieran hacer como corporaciones socialmente responsables. Máxime porque la nueva ley de régimen local en ciernes no prevé que entre las competencias sujetas al principio de suficiencia financiera de los municipios esté la cooperación, así que lo que hagan los Ayuntamientos en este ámbito será un plus sobre sus obligaciones legales y presupuestariamente hablando deberá pasar por sustituir recursos financieros escasos por capital humano disponible y competente. Y éste, que se sepa, habita en abundancia en el territorio universitario.

La moraleja final es que lo mismo que los profesionales de la salud no son formados por curanderos sino por otros profesionales en las facultades de medicina y enfermería, la educación para el desarrollo debe hacerse también por profesionales de la educación y del desarrollo que profesan en las facultades de ciencias sociales de nuestras universidades. Por tanto, y como recomendación, es necesario retomar la literalidad de la parte del artículo 13 de la LCID que habla de los programas formativos desarrollados directamente por las Administraciones Públicas, para lo cual la Universidad debe ser considerada como un actor estratégico. Y, en concreto, en la Universidad de Cantabria estaremos encantados de abrir espacios comunes para la colaboración con otros actores desde el pluralismo ideológico, el rigor del conocimiento y la competencia profesional debidamente acreditada.